DENUNCIAR NO DEBE CONVERTIRSE EN UNA CONDENA

Una alerta desde el sistema financiero británico

La cobertura publicada por The Banker en octubre de 2026 sobre el trato que recibió Simon Andriesz, exbanquero que denunció presuntas irregularidades y cuestionó durante años la respuesta de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), reabre una pregunta esencial para cualquier sistema de integridad: ¿qué ocurre cuando la persona que comunica posibles abusos no encuentra protección suficiente en las instituciones a las que acude?

Andriesz murió por suicidio en septiembre de 2026. La FCA reconoció que un funcionario le había dado información incorrecta al indicarle que había perdido la protección como denunciante porque su identidad se había conocido, y ofreció una disculpa. La autoridad encargó una revisión de su interacción con él, a cargo de Lea Paterson, integrante no ejecutiva independiente de su consejo. El resultado se esperaba para comienzos de 2027. Estos hechos justifican escrutinio y aprendizaje institucional, pero no permiten atribuir causalidad definitiva ni prejuzgar las conclusiones de la revisión.

El caso también impulsó a la FCA a anunciar que restablecería determinadas cifras sobre denuncias, después de que The Banker cuestionara la omisión de información que, según su investigación, debía publicarse conforme a la normativa aplicable. Por separado, la publicación informó que la FCA había abandonado un compromiso de 2023 para recabar comentarios de denunciantes al cerrar sus casos. La autoridad señaló que la participación era demasiado baja para producir resultados significativos, pero no había divulgado cuántas personas respondieron ni presentado una alternativa equivalente.

Verificación: qué está documentado y qué sigue bajo examen

La información consultada permite confirmar que la FCA publica estadísticas sobre denuncias, que anunció una revisión de su trato a Andriesz y que la prensa especializada reportó el cambio de política sobre datos. No es correcto presentar como una resolución judicial firme que la FCA violó la ley: The Banker informó que la supresión de determinadas cifras podía haber infringido obligaciones legales, y que el regulador acordó restablecerlas tras la investigación periodística.

Las estadísticas oficiales aportan contexto. En el ejercicio 2025/26, la FCA informó haber evaluado 1,375 reportes nuevos de denunciantes, un aumento de 22% frente al ejercicio anterior. De los 1,252 casos cerrados durante ese periodo, 42% condujo a acciones directas y otro 53% aportó información para su labor general o la prevención de daños. Estos datos muestran que las denuncias pueden contribuir a la supervisión; no demuestran, por sí solos, que cada denunciante haya recibido protección adecuada ni que cada caso se haya gestionado correctamente.

La legislación británica incluye la Public Interest Disclosure Act de 1998, que modificó el marco de derechos laborales para proteger determinadas revelaciones de interés público. La existencia de una ley, sin embargo, no garantiza por sí misma que las personas confíen en los canales de denuncia o que las instituciones respondan oportunamente. La brecha entre la protección formal y la experiencia real es precisamente uno de los asuntos que el caso pone de relieve.

La rendición de cuentas también debe alcanzar a los supervisores

Los organismos reguladores exigen a las entidades supervisadas controles, información verificable, gestión de riesgos y colaboración con las investigaciones. Por congruencia, deben sujetarse a estándares equivalentes cuando se cuestiona su propia actuación. La independencia no significa inmunidad frente al escrutinio; significa capacidad para decidir sin presiones indebidas y, al mismo tiempo, obligación de explicar y documentar sus decisiones.

Una revisión interna puede ser útil si cuenta con independencia real, acceso a la información, términos de referencia claros y publicación de conclusiones. Cuando existe una duda razonable sobre la suficiencia de ese mecanismo, una evaluación externa o parlamentaria puede reforzar la confianza. Lo importante es evitar tanto la condena anticipada como la investigación que termina siendo una formalidad sin consecuencias.

La transparencia estadística también es sustantiva. Publicar cuántas denuncias se reciben, cómo se clasifican, cuánto tardan en atenderse y qué tipo de respuesta generan permite evaluar tendencias y exigir mejoras. La confidencialidad debe proteger la identidad y los datos sensibles de las personas, pero no debe utilizarse como argumento general para ocultar el desempeño agregado de una institución.

Lecciones para México y América Latina

En México, la discusión es pertinente para los órganos internos de control, las entidades de fiscalización superior, las autoridades investigadoras y los sistemas anticorrupción. Los canales de denuncia deben ser más que buzones: requieren procedimientos trazables, evaluación de riesgos, medidas contra represalias, comunicación segura y seguimiento verificable.

• Separar la recepción de denuncias de las áreas potencialmente involucradas en los hechos denunciados, con reglas claras para conflictos de interés.
• Evaluar riesgos de represalias laborales, profesionales, patrimoniales y personales desde el primer contacto, y ofrecer medidas de protección proporcionales.
• Establecer plazos, responsables y etapas de atención, con mecanismos para informar al denunciante —hasta donde lo permitan la ley y la confidencialidad— sobre el estado y cierre del caso.
• Publicar estadísticas periódicas comparables: denuncias recibidas, asuntos remitidos, tiempos de atención, medidas adoptadas y resultados, sin revelar identidades ni datos reservados.
• Permitir que las quejas sobre la actuación del propio órgano supervisor sean examinadas por una instancia independiente, con facultades y procedimientos definidos.
• Auditar el funcionamiento de los canales de denuncia y medir no solo el número de reportes, sino la calidad de la respuesta, la prevención de daños y la confianza de quienes los utilizan.

Auditoría al desempeño: medir si el sistema protege y corrige

Desde la auditoría al desempeño, la pregunta no debe limitarse a cuántas denuncias ingresan o cuántos expedientes se cierran. Es necesario valorar si los recursos y procesos producen resultados oportunos, eficaces y equitativos. Entre los indicadores útiles pueden considerarse el tiempo mediano de evaluación inicial, la proporción de casos con análisis de riesgo de represalias, el cumplimiento de los plazos, la reincidencia de las conductas denunciadas y la percepción de seguridad de quienes reportan.

Estos indicadores deben interpretarse con cuidado: un mayor número de denuncias puede reflejar más irregularidades, pero también mayor confianza en el sistema; una proporción baja de sanciones no prueba automáticamente ineficacia, pues algunas comunicaciones pueden no corresponder a la competencia del órgano o no contar con elementos suficientes. La evaluación requiere contexto, metodología pública y evidencia cualitativa.

Conclusión: cero impunidad exige cero tolerancia a la opacidad

El combate a la corrupción necesita investigaciones profesionales, debido proceso y sanciones cuando se acrediten responsabilidades. También necesita que las personas puedan alertar sobre posibles irregularidades sin quedar expuestas al abandono institucional. La protección del denunciante no sustituye la prueba ni convierte una acusación en verdad: crea condiciones para que la información relevante pueda conocerse, verificarse y, cuando corresponda, investigarse.

La lección central del caso británico es que ningún organismo debe ser juez exclusivo de la calidad de su propia actuación cuando existen cuestionamientos relevantes. La confianza pública se construye con independencia, transparencia, protección efectiva, revisión externa cuando sea necesaria y consecuencias verificables. Para México y América Latina, fortalecer el Estado de derecho implica que quien haya cometido una irregularidad responda conforme a la ley, pero también que las instituciones respondan por la manera en que reciben, investigan y protegen a quienes se atreven a denunciar.

Referencias

1. The Banker. “8 things we learnt this week”, Silvia Pavoni, 24 de octubre de 2026. https://www.thebanker.com/content/63f65740-1c21-4d8a-8828-1b5bd422c11c
2. The Banker. “FCA to reinstate whistleblowing figures after allegations it broke the law”, 21 de octubre de 2026. https://www.thebanker.com/content/c4d05b86-7667-40c4-b46c-7b5c88155faf
3. The Banker. “FCA gives up its pledge to gather whistleblower feedback”, 22 de octubre de 2026. https://www.thebanker.com/content/9eeda689-8f4c-4db4-a195-2511dbc8ae87
4. Financial Conduct Authority. “Looking at how we interact with whistleblowers”, 6 de octubre de 2026. https://www.fca.org.uk/news/blogs/looking-how-we-interact-whistleblowers
5. Financial Conduct Authority. “Prescribed Persons Annual Report 2025/26”, 9 de julio de 2026. https://www.fca.org.uk/data/prescribed-persons-annual-report-2025-26
6. UK House of Commons Library. “Protections for whistleblowing and non-disclosure agreements”, 20 de julio de 2026. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7442/